Como consecuencia de la crisis coyuntural que padece nuestro país desde hace varios años, el número de denuncias por violencia doméstica y de género ha aumentado notablemente. El estrés que produce la falta de ingresos o la reducción de los mismos en una familia, unida a la merma del “afectio maritalis” y la imposibilidad de poner fin a una relación ya gastada, cuando el único impedimento es no poder afrontar su coste por falta de medios económicos, conllevan una tensión añadida a este tipo de familias que las hacen proclives a situaciones de maltrato. Los datos que arroja el observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en el período que va desde Abril a Junio del 2012, es que las denuncias por malos tratos ascendieron a 32.702, lo cual equivale a un 5,9% más que aquellas que se produjeron en el 1er trimestre; de las cuales, el 40% correspondieron a mujeres extranjeras. Sin lugar a dudas, los recortes han afectado a los recursos asistenciales y de ayuda a las víctimas. Algunas oficinas especializadas en dicha atención han tenido que cerrar y otras han reducido sus horarios. La combinación de tantos elementos adversos contribuye a aumentar la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género, siendo de especial gravedad la situación en que se encuentran algunos menores, que se resienten impotentes ante la conflictividad que impera en algunos hogares.
